En concreto, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimaron el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Salamanca contra la Orden Ministerial de 2006 -decretada por la entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo- por la que se ordenó restituir los documentos a la Generalitat y a los particulares catalanes que fueron robados durante la Guerra Civil, según consta en la sentencia hecha pública hoy.

Esta decisión se sustenta en la Ley de 2005 que decretó la restitución tanto de los documentos publicos de la Generalitat como de particulares catalanes guardados en el Archivo de Salamanca.

A pesar de reconocer la legalidad de la restitución de los documentos robados a particulares en el caso de Cataluña, a tenor de los estipulado en la citada ley, la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó en otras dos sentencias hechas públicas hoy la pretensión de particulares de recuperar sus documentos guardados en el Archivo de Salamanca.

En concreto, tras estudiar los recursos interpuestos por el partido Izquierda Republicana y los herederos del abogado y político conservador Angel Ossorio -que llegó ser ministro en el Gobierno de Antonio Maura-, el tribunal reconoció su derecho a ser informados de los papeles que les fueron robados en la Guerra Civil y que se encuentran en el Archivo de Salamanca, pero señaló que no hay base legal para que puedan recuperarlos.

Esta diferencia de criterio se debe a que no existe ningunaley, a diferencia de lo que sucede en el caso de Cataluña, que reconozca el derecho de los demás ciudadanos españoles a recuperar los documentos que se encuentran en el citado archivo.

Es decir, la ley de 2005 por lo que se acordó la devolución de los papeles de Salamanca a Cataluña sí protege a ciudadanos particulares naturales de Cataluña, pero se da la paradoja de que ninguna otra ley ha incluído el caso de documentos incautados a particulares fuera de Cataluña.

PRINCIPIOS INSPIRADORES

Debido a este diferencia de trato legal, los magistrados señalan que sería deseable una nueva legislación que protegiera casos como el de la familia Ossorio y otros que sufren ese mismo olvido legal y que, en virtud del artículo 14 de la Constitución, se debería reconocer ese mismo derecho al resto de los ciudadanos españoles.

Aún así, señalan que la ley de 2005 que ordenó la restitución de los documentos a Cataluña no infrinje la Constitución "ni ninguno de los principios que la inspiran" y que, por lo tanto, "no se considera necesario plantear una cuestión de inconstitucionalidad" contra la citada norma legal.

Por lo tanto, la sentencia del "caso Ossorio" insta al legislador a que enmiende ese vacío legal y señala que la citada ley que reconoció el derecho de los particulares catalanes a recuperar sus documentos podría servir de base para reconocer el derecho de los demás ciudadanos españoles.

En esta resolución, los magistrados señalan que "documentos de la índole de los incuatados constituyen la memoria de las personas a quienes pertenecieron y son elementos integradores de su dignidad".

Por ello, "como patrimonio que son de su intimidad, si así lo desean los interesados, debieran volver a ese ámbito íntimo del que fueron arrancados".

En consecuencia, "sería desable que, a la mayor brevedad posible, el legislador, al igual que ha hecho en Cataluña con los documentos de personas naturales incuatados (...), en aras de preservar ese derecho fundamental a la intimidad y el derecho, también fundamental, a la igualdad reconocido en la Constitución, regulará igualmente la restitución de los documentos que se incautaron a las personas naturales en el resto de España y en similares circunstancias".