La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Madrid V había denegado a Fernando Garro, condenado a 6 años de prisión por el denominado "caso Banesto", el permiso que había solicitado.

Según el auto, la junta basó su decisión en la gravedad de la actividad delictiva por la que fue condenado y que Garro aún no ha cumplido tres cuartas partes de la condena, lo que llevaba a establecer el riesgo de quebrantamiento y la inexistencia de garantías de hacer buen uso del permiso.

Para los magistrados de la Audiencia Nacional, estas razones establecen "un criterio que no se considera correcto en base a la existencia de permisos concedidos que han sido disfrutados sin quebranto del uso de los mismos, lo que evidencia una conducta acorde con la naturaleza de los mismos".

Asimismo, los jueces consideran que "estas razones no han sido valoradas por la Junta de Tratamiento con resultado de forma razonada, por lo que procede amparar las pretensiones del penado", a quien conceden el permiso ordinario solicitado.