De esta manera, los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptan por unanimidad la tesis planteada por el fiscal encargado del caso, Vicente González Mota, quien, en la vista en la que se plantearon las cuestiones previas del caso, pidió al tribunal que decretase el sobreseimiento.

Durante los pasados 23 y 24 de noviembre, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebró las primeras sesiones de la vista de este caso. Durante esos días, las distintas partes personadas en el caso presentaron las cuestiones previas, que tienen un carácter incidental y deben decidirse antes de pasar al examen del asunto principal.

En esta fase de la vista, los abogados alegaron las presuntas irregularidades que, en su opinión, se produjeron a lo largo del proceso y que podrían dar lugar a la invalidación de la causa.

Así, el Ministerio Público defendió que no se puede celebrar juicio contra Botín y el resto de los acusados porque, en su opinión, se vulneró su derecho a un juicio justo y con todas las garantías.

González Mota sostuvo que, según la ley, sólo se puede celebrar juicio oral contra un acusado cuando el fiscal y la acusación particular, es decir, los perjudicados, así lo solicitan, lo que no ha ocurrido en este caso.

El fiscal hizo hincapié en que en este caso quien ha formulado acusación ha sido la acción popular, que no es ni el Ministerio Púbico ni la acusación particular.

El abogado de Emilio Botín se adhirió a la tesis del fiscal, que calificó de "argumentos irrefutables", y afirmó que en este caso se ha vulnerado el principio acusatorio.

Asimismo, denunció que se haya abierto juicio a petición de la acción popular, ejercida por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC), cuando ni el fiscal ni los perjudicados lo habían pedido.

En el banquillo de los acusados se sentaron por este caso, entre otros, Emilio Botín y varios antiguos directivos del banco Santander, como Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel, acusados de presuntos delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública.

ADIC solicitaba que Botín, Echenique, Uclés y Alonso fueran condenados a 180 años de prisión y multa de 46.266.233,92 euros cada uno, al considerarles cooperadores necesarios de más de 30 delitos contra la Hacienda Pública.