En un auto notificado hoy, Ismael Moreno sostiene que los de torturas son delitos de persecución universal, independientemente de la nacionalidad de quien los cometa.

El magistrado ha tomado esta decisión en contra de la opinión del fiscal encargado del caso, Vicente González Mota, para quien no se daban ninguno de los supuestos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que determinan la competencia de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el magistrado Ismael Moreno recuerda que el artículo 23.4 h de la LOPJ establece que será competente la jurisdicción española para conocer de los delitos que, según los tratados o convenios internacionales, deban ser perseguidos en España.

En este sentido, señala que han de tenerse en cuenta las previsiones establecidas en la "Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes", aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 10 de diciembre de 1984, resolución que fue ratificada por España el 19 de octubre de 1987.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, a través de su portavoz Juan Antonio García Jabaloy, ya ha anunciado que no recurrirá la decisión de Ismael Moreno "para no dilatar el procedimiento".

El caso se encuentra en la Audiencia Nacional porque el juez de instrucción número 7 de Palma de Mallorca, Antonio Gracías, encargado de la causa en un primer momento, se inhibió a favor de dicha sede judicial.