El fiscal encargado del caso, Pedro Rubira, pedía para el etarra una pena de cinco años de prisión, al considerarle autor de un delito de terrorismo, pero los magistrados del tribunal, presididos por la jueza Ángela Murillo, han decidido absolver a Arizcuren Ruiz por la "endeblez" de las pruebas presentadas en su contra.

"La recta aplicación del principio 'in dubio pro reo' nos conducen a absolverle libremente", señalan los magistrados en la sentencia hecha pública hoy.

Los hechos por los que fue juzgado Arizcuren Ruiz se remontan a 1987 cuando el etarra Juan Carlos Arruti Azpiarte, condenado por este atentado, y otros miembros del "Comando Araba" sin identificar planearon el lanzamiento de cuatro granadas anticarro contra el cuartel.

Para llevar a cabo su propósito, el comando instaló, en la madrugada del 1 de marzo de 1987, una plataforma de lanzamiento con cuatro granadas anticarro "Heat Rocket" en un prado situado a unos 200 metros del cuartel.

Además, y a modo de trampa, enterraron tres kilos de explosivo amonal en las inmediaciones del dispositivo con las granadas, con el objetivo de asesinar a los guardias civiles que se acercasen para reconocer el lugar.

Por causas que se desconocen, se activó el explosivo enterrado, permitiendo a la Guardia Civil descubrir la plataforma de lanzamiento con las granadas.

PRUEBAS INSUFICIENTES

Las únicas pruebas que inculpaban a Arizcuren Ruiz de haber participado en este atentado frustrado eran las declaraciones que los miembros del "comando Araba" Juan Carlos Arruti Azpiarte y José Antonio Gaztañaga realizaron ante la Guardia Civil tras su detención.

Ambos aseguraron en dependencias de la Guardia Civil que en los hechos había participado "el navarro", uno de los pseudónimos que se le atribuyen a Arizcuren Ruiz

Posteriormente, tanto Gaztañaga como Arruti Azpiarte reconocieron a Arizcuren Ruiz en una fotografía y le identificaron como "el navarro".

Pero ambos etarras se desdijeron de sus declaraciones en el juicio celebrado contra Arizcuren Ruiz y afirmaron que no recordaban los hechos.

En la sentencia, los magistrados puntualizan que Gaztañaga y Arruti Azpiarte son "testigos de referencia" ya que no presenciaron los hechos ni explicaron el origen de su conocimiento sobre los mismos.

Por esta razón, subrayan la "endeblez" de la prueba testifical y aseguran que esta es "incapaz a todas luces de sustentar el dictado de una sentencia condenatoria"

Para los magistrados, estas declaraciones tienen "raquíticos efectos probatorios" que hacen "surgir en el tribunal dudas acerca de la participación real y efectiva del acusado" en los hechos.

Esta dudas "hacen absolutamente inviable" condenar a Arizcuren Ruiz "aún teniendo bien presente que es un destacado miembro de la organización terrorista ETA".