La Audiencia Nacional señala que la única prueba contra ellos en este caso consistía en el hallazgo de sus huellas dactilares en unos documentos intervenidos en el registro de dos pisos de un tercer detenido, en los que se encontró diverso material explosivos y armas.

"Ello no significa, sin más, que por el hecho de que aparezcan huellas en determinada documentación pueda atribuírseles la tenencia del material explosivo y las armas que fueron encontrados en ese piso", dicen los magistrados.

Para ellos, "la prueba de cargo practicada en el acto del juicio no es suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia de los acusados".

Por otra lado, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto también a otra persona, Sebastián Echaniz Alcorta, de los delitos de depósito de armas, utilización ilegítima de vehículo de motor, atentado, lesiones y estragos de los que se le acusaba, también por falta de pruebas.

Los hechos que han dado lugar a la sentencia ocurrieron en mayo de 1982 y consistieron en un ataque contra el cuartel de la entonces Policía Armada, en Baracaldo.

Según los magistrados, ninguno de los testigos que declararon en el juicio pudo aportar dato alguno sobre las personas que llevaron a cabo el ataque.

Así, la única prueba contra el acusado consistía en la declaración judicial que prestó en su día, tras ser expulsado de Venezuela.

"En este caso y respecto a este contrecto hecho no existe ningún elemento externo que corrobore mínimamente el contenido de esta declaración", dicen los magistrados.