Los hechos que se juzgan tratan sobre la clausura, en 1985, de una depuradora municipal, que atendía al 50% de las aguas residuales de Ronda, decisión tomada por la corporación presidida por Julián Ramón de Zulueta, como consecuencia de las protestas vecinales or el mal olor que desprendía la depuradora, construida en 1968, así como por el deterioro de la misma.

El cierre de la depuradora provocó que la totalidad de las aguas residuales de Ronda fueran vertidas directamente al río Guadalevín, y según el informe de la Fiscalía, la comunidad de regantes sufrió un grave perjuicio por la toxicidad de las aguas.

Meses antes de la clausura, la Junta de Andalucía había iniciado los trabajos administrativos para la construcción de una nueva planta depuradora, i bien la precaria situación económica del Ayuntamiento rondeño impidió la concreción del proyecto.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga entiende que el alcalde de Ronda entre 1983 y 1987, Julián Ramón de Zulueta, y el concejal de Medio Ambiente de la misma Corporación, Manuel Baena, cometieron con el cierre de la depuradora un delito contra la salud pública, por lo que solicita dos años de prisión menor y una multa de diez millones de pesetas.

Asimismo el fiscal del caso, Valentín Ruz, ha pedido en sus conclusiones una pena de seis años y un día de reclusión menor por prevaricación.

El alcalde entre 1987 y 1991, Manuel García Rubio, se sienta en el banquillo de los acusados por mantener el cierre de la planta depuradora y por desobedecer algunos requerimientos formulados por la Comisaría de Aguas para el tratamiento de los vertidos al río Guadalevín.

Manuel García Rubio se enfrenta a una pena de dos años y diez millones de pesetas de sanción por delito contra la salud públic.

A la vista oral han asistido diversos altos cargos del Partido Socialista Obrero Español, entre los que se encontraba el secretario general de los socialistas andaluces Carlos Sanjuán.