Las autoridades judiciales andorranas habías acudido al auxilio judicial para pedir que les comunicara su imputación por las querellas presentadas por coacciones a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener supuestamente información de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, y de otros líderes independentistas como Oriol Junqueras (ERC).

La querella fue interpuesta por el Institut de Drets Humans d’Andorra y otras organizaciones y se dirigía también contra el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, y el inspector Bonifacio Díez Sevillano.

La Sala da la razón a Rajoy y estima los recursos de apelación presentados por el expresidente y por sus dos ministros y asegura que si bien “el auxilio que se solicita tiene su encaje en el Título III del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal (firmado en Estrasburgo el 20 de abril de 1959), lo solicitado excede de la simple notificación de la querella, en tanto que se trata de dar traslado del acto de imputación derivado de la admisión de la querella por parte de la autoridad judicial andorrana". Además, la petición “no cumple los requisitos de forma” que exige el Convenio.