El fiscal recurrió la resolución del titular del juzgado de lo penal número 4 de Madrid, José Luis Calvo, que dictaminó el pasado mes de marzo a favor de Iñaki Arredondo, de 23 años, a quién aplicó la eximente de estado de necesidad por considerar que la Constitución reconoce que la dignidad de las personas prima sobre los intereses del Estado.

El juez etimó que Arredondo, de formación cristiana y que de forma habitual realiza servicios sociales en su parroquia, incumplió su deber por "imperativo de la conciencia", destacando que no cuestionaba el cumplimiento obligatorio del servicio militar, sino su existencia misma y su mantenimiento.

Según el escrito de alegaciones presentado por el fiscal, que solicitó para el insumiso una pena de 2 años, 4 meses y 1 día por desobediencia civil, no existió tal estado de necesidad ni conflicto en la actitud del jven "porque el cumplimiento de la prestación social sustitutoria no ofende a la dignidad social de la persona".

"El hecho mismo de vivir en sociedad nos obliga a todos a hacer dejación de nuestras propias convicciones (...) para favorecer los de todos", cita textualmente el escrito, en el que un poco más adelante el fiscal afirma que el cumplir la ley en un Estado democrático "no restringe la libertad del ciudadano, sino que afianza la suya propia y la de todos".

El ministerio público recuerda qu la incompatibilidad entre las actividades militares y las convicciones de los ciudadanos justifica la exención del servicio militar, pero no así la de la PSS "cuando ésta consiste en una actividad de carácter civil, presidida por la idea de solidaridad".

Por su parte, el abogado de Iñaki Arredondo, Juan carlos Rois, defenderá ante el tribunal de apelación la argumentación de la sentencia insistiendo en que la postura de los insumisos no es insolidaria, ya que "no es posible hablar de solidaridad en spuestos de imposiciones demostradamente injustas como son las de colaborar con el mantenimiento de un orden internacional militarizado".