Según informó hoy la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que denunció esos números, la sentencia declara la ilegalidad de esos servicios y establece la responsabilidad de los operadores denunciados, Telefónica y Lince.

En consecuencia, obliga a estas compañías a devolver los importes de las llamadas realizadas a esos números ilegales, tanto a los que en la demanda han demostrado llamadas a números ahora declarados ilegales, como a quienes puedan hacerlo en la ejecución de la sentencia. La sentencia ha sido recurrida por los dos operadores.

Cinco de las personas incluidas en la demanda de la OCU recibirán, si la sentencia llega a ser firme, cantidades que van entre 1.533 y 3.671 euros.

Según el director general de la OCU, José María Múgica, una vez sea firme la sentencia "estaríamos hablando del reintegro de más de 600 millones de euros, más de 100.000 millones de la antiguas pesetas, por estas llamadas ilegales".

La sentencia de la Audiencia mantiene la obligación de devolver las líneas cortadas por no haber abonado los importes de los recibos que incluyan llamadas a esos números y de publicar a su costa la sentencia.