Las mismas fuentes indicaron que "la resolución -que tiene fecha de 2 de septiembre- es trascendente en cuanto que anula el procedimiento y lo retrotrae al 4 de mayo, de forma que tiene que vlver a empezar todo desde entonces".

La resolución de la Audiencia Provincial supone también la anulación de otro auto posterior, de 28 de julio, que declaraba abierto el juicio oral contra Rubio, De la Concha y otras personas relacionadas con el 'caso Ibercorp'. Sin embargo, en este auto se exculpaba a Miguel Boyer, Isabel Preysler, Carmen Posadas y José Antonio García Díez, implicados en un principio.

"Todo eso se tiene que volver a hacer, lo que supone un parón importantísimo en el procedimieno y una revisión bastante dura", indicaron a esta agencia las citadas fuentes del despacho de Miguel Bajo. "Todas las diligencias que se practicaron tienen que volver a practicarse".

Todas las actuaciones realizadas desde el 4 de mayo, como las imputaciones de delitos que han formulado el ministerio fiscal y las acusaciones personadas contra Manuel de la Concha, Mariano Rubio y los demás implicados, así como la apertura del juicio, deben volver a hacerse.

La resolución de la Audiencia Provincial e Madrid, según las mismas fuentes, se basa en el hecho de que no se especificaron los indicios de comportamiento delictivo que se imputaban a los encausados, de forma que no se permitió a los abogados defensores recurrir esos extremos y preparar sus defensas.

"El auto de 4 de mayo anulado ahora era muy vago y se limitaba a decir que había comportamientos delictivos en el sumario y que por tanto tenía que acusar", explicaron las citadas fuentes jurídicas. "La Audiencia dice que no basta con decir que ay comportamientos delictivos, sino que hay que especificarlos".

El auto del pasado 4 de mayo suponía que la jueza había hallado indicios de delito en la conducta de los implicados en el 'caso Ibercorp', por lo que decidió incoar procedimiento abreviado y trasladar las actuaciones al fiscal y a las demás partes para que formularan las acusaciones o pidieran el sobreseimiento.

En el segundo auto, de 28 de julio, que también queda anulado, la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, aría Paz Redondo, decretó la apertura de juicio oral contra Rubio, De la Concha y otras personas, entre ellas Jaime Soto, Benito Tamayo, María Teresa Rubio, André Laurent y Carlos Pittaluga.

La magistrada impuso a los acusados el pago de 7.121 millones de pesetas por las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del juicio oral, así como una responsabilidad civil subsidiaria para Sistemas Financieros e Ibercorp Bolsa de 20 millones de pesetas.

Según la jueza, existen indicios de que tato el ex gobernador del Banco de España como el entonces responsables de Ibercorp, Manuel de la Concha, incurrieron en delitos de tráfico de influencias, cohecho, apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad en documento y revelación de secretos.