Así lo explicaron fuentes de la Audiencia Nacional después de que el Alto Tribunal anulase la condena a 30 años de cárcel dictada contra Martín Ponce al estimar que la incomparecencia de la testigo protegido, considerada clave en la causa, provocó la vulneración de la presunción de inocencia del acusado.

En su sentencia anulatoria, el Tribunal Supremo también censura la actuación de la Fiscalía y de los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que condenó, el 30 de julio de 2007, a 30 años de cárcel a Martín Ponce por el asesinato el 17 de noviembre de 2000 del agente de la Policía Francisco Javier Sanz Morales.

Las fuentes consultadas señalaron que la Sección Cuarta, a través de la Policía Judicial, trató hasta en cuatro ocasiones de localizar a la testigo protegido.

Fue el día antes de la celebración del juicio, que tuvo lugar el 20 de julio de 2007, cuando la Policía Judicial comunicó a la Sección Cuarta, presidida por el juez Fernando Bermúdez de la Fuente, que no había podido encontrar a la testigo.

Al inicio del juicio, la situación fue comunicada a las partes, y ante la incomparecencia, el fiscal encargado del caso, Jesús Alonso, solicitó que se diese lectura de la declaración que la testigo efectuó en el juicio por los mismos hechos celebrado en octubre de 2006 contra el también miembro de los Grapo, Israel Torralba.

Esta testigo protegido era clave en la causa porque fue ella quien reconoció fotográficamente a Torralba y Martín Ponce como los autores del asesinato del policía, una declaración que ratificó más tarde en su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Ni el fiscal Alonso ni la defensa de Martín Ponce solicitaron al tribunal la suspensión del juicio por la incomparecencia de esta testigo protegido.

Fuentes de la Audiencia Nacional explicaron que la ley impide al Tribunal decretar de oficio la suspensión de un juicio, es decir, que sólo lo podría haber hecho si alguna de las partes lo hubiese solicitado.

CONTINÚA EN PRISIÓN

A pesar de la anulación de la sentencia por el asesinato del policía, Martín Ponce continúa en prisión cumpliendo una condena de 11 años por el atraco de una sucursal de La Caixa de Barcelona en mayo 2001, por los delitos de pertenencia a organización terrorista y robo a mano armada.

Con esta sentencia, Martín Ponce no abandonará la cárcel hasta 2017. Además, el miembro de los Grapo tiene todavía variascausas pendientes de juicio en la Audiencia Nacional.

Dentro de estas causas pendientes, el próximo 14 de abril la Audiencia Nacional juzgará al miembro de los Grapo por el atraco a una sucursal de Caja Duero en Valladolid en 1999.