En los fundamentos jurídicos, la sentencia, dada a conocer hoy, afirma que el propósito que llevo a estos trabajadores del campo a movilizarse en reivindicación de mayores fondos para el Plan de Empleo Rural (PER) en la provincia de Granada, "no fue nunca la de atacar la paz pública, ya que los manifestantes se encontraban sin empleo y en situación económica pecaria".

La sentencia considera que su intención fue llamar la atención sobre el descontento provocado por los modos de las autoridades provinciales competentes para resolver el problema.

En el juicio seguido contra esos jornaleros, entre los que figuraba el ex alcalde socialista de la localidad, Eduardo Haro, el fiscal solicitó una pena de seis meses y un día de prisión para cada uno de los acusados.

Los dos letrados que defendían a los trabajadores pidieron su libre absolución por estimar ue el derecho de reunión y manifestación tendrían prioridad, en este caso, sobre los derechos de los ciudadanos que sufrieron los cortes de carretera en el momento de los desórdenes.

Los hechos que dieron lugar a este juicio ocurrieron en diciembre de 1986 cuando un numeroso grupo de parados de Vélez-Benaudalla decidió en asamblea, realizar una manifestación para protestar por la escasez de medios que durante ese año habían llegado desde la Administración central, vía Gobierno Civil, al Ayuntamiento cn destino al PER.

Aquella situación provocó que los desempleados no consiguieran más de 15 peonadas, de las 60 establecidas para acceder al subsidio agrario en los fondos del PER.

Seguidamente, los jornaleros realizaron una manifestación en la carretera N-323 (Bailén-Motril) donde cortaron el tráfico por un periodo de dos horas, que causó la formación de grandes colas de vehículos en ese espacio de tiempo. Asimismo, protagonizaron algunos incidentes con miembros de la Fuerzas de Seguridad del Estdo que acudieron al lugar para dispersarles.