En concreto, el teniente fiscal Eduardo Fungairiño y la fiscal María Dolores Márquez remitieron hoy al instructor de sus expedientes, José Iscar, sendos escritos en los que rechazan los cargos formulados contra ellos y por los que el instructor solicita una sanción de un mesde suspensión de empleo y sueldo.

Iscar estimó que ambos habían incurrido en una falta muy grave por la presunta ocultación de un informe sobre el atentado de ETA contra José María Aznar al juez que instruye esa causa, Manuel García-Castellón.

Asímismo, la fiscal Márquez y el fiscal Ignacio Gordillo también enviaron el pasado viernes sus alegaciones contra el expediente que les fue incoado y que podría suponerles el traslado forzoso de su destino en la Audiencia Nacional por "disidencias graves cn el fiscal jefe respectivo, por causas a áquellos imputables".

Por su parte, el fiscal Pedro Rubira ha realizado asímismo sus alegaciones a la propuesta de tres meses de suspensión de empleo y sueldo que formuló la pasada semana el instructor del expediente que le fue abierto por la supuesta utilización de alumnos en prácticas para elaborar informes sobre causas abiertas, práctica que consideró que suponía una falta muy grave.

Gordillo tiene abierto también otro expediente por ese motivo y por e que le instructor, el fiscal José María Luzón, ha solicitado para él dos sanciones de tres meses de suspensión de empleo y sueldo, una por la supuesta utilización de los alumnos y otra por desobedecer la orden que el anterior fiscal jefe, José Aranda, le había dado en ese sentido.

Sin embargo, según fuentes judiciales, este fiscal todavía no ha remitido sus alegaciones sobre esta propuesta de sanción, lo que hará a lo largo de esta semana, dado que vence el plazo que tiene para ello.

Tras este támite, corresponderá al fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, decidir las sanciones que, en su caso, recaerán sobre estos fiscales, dado que es el único competente para imponer la de suspensión de empleo y sueldo.

En el caso de las sanciones de traslado forzoso, la imposición de las mismas corresponde al Ministerio de Justicia, a propuesta del fiscal general del Estado quien, previamente, deberá recabar el informe favorable del Consejo Fiscal, según recoge el estatuto del ministerio público. Fuentes fiscales indicaron a Servimedia que el Consejo Fiscal no se reunirá probablemente hasta la próxima semana, por lo que es probable que hasta entonces el fiscal general no adopte ninguna decisión sobre los expedientes.

No obstante, la resolución del fiscal general del Estado puede ser recurrida en alzada ante el Ministerio de Justicia y los acuerdos de éste, tanto sobre los recursos de alzada como sobre las sanciones de traslado forzoso, son susceptibles de recurso contencioso ante la Sala Tecera del Tribunal Supremo.