Este acuerdo hacía posible la dedicación de 15.000 millones de pesetas para atender a los compromisos que se derivaron del acuerdo

La Sala de lo Social basa su sentencia en el reconocimiento de la situación de crisis y las causas que llevaron a las partes a establecer el acuerdo sobre pasivos.

La sentencia, como ya hizo la anterior en junio, acredita de nuevo la legitimidad de los sindicatos para establecer el acuerdo así como su representatividad respecto a los trabajadores, por lo que no acepta la impugnación del acuerdo.

Las demandas contra el acuerdo habían sido presentados por distintos sindicatos minoritarias y gupos de trabajadores.