Los magistrados consideran proporcional la fianza y las medidas cautelares impuestas por Grande-Marlaska y alegan reiteración delictiva del dirigente de Batasuna.

Así, señalan que existen contra Otegi indicios de integración en organización terrorista, "nunca excusables bajo la apariencia del ejercicio de su representación política, que se refiere a un grupo ilegalizado precisamente por constituirse en el entramado de la organización terrorista ETA".

Asimismo, añade que "la conducta desarrollada por Arnado Otegi se extiende en el tiempo tras aquella ilegalización y continúa hasta el día de hoy, tal y como lo demuestra la convocatoria de actos públicos que han sido objeto de prohibición por el mismo instructor".

A juicio de los magistrados, "además de claros indicios del delito de integración en organización terrorista existe una reiteración incluso provocadora de alarma social que justificaría la medida de prisión" eludible bajo fianza.

En su resolución, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional afirma que "la imputación lo es de un delito grave por su propia naturaleza".

Otegi "se encuentra incurso en otros procesos por delitos de la misma naturaleza, lo que incrementa el riesgo de fuga, máxime cuando, insistimos, reitera su conducta como dirigente de una organización política ilegal cuyo entramado pudiera facilitar su huida difícilmente entendible por una sociedad altamente sensibilizada en el tema terrorista", añaden.

Con estos argumentos, los magistrados confirman en su integridad los dos citados autos de Fernando Grande-Marlaska contra Otegi.

Fue el 26 de mayo del año pasado cuando Grande-Marlaska acordó la prisión provisional eludible bajo fianza para Otegi tras interrogarle como imputado en el sumario abierto sobre la financiación de ETA a través de las herriko tabernas y la supuesta relación de la ilegalizada Batasuna con la citada banda terrorista.

El día siguiente, el 27 de mayo, el magistrado dictó otro auto en el que declaró bastante la fianza constituida y ordenaba a Otegi que firmase los lunes y viernes de cada semana en la Comisaría de la Policía Autónoma Vasca de su domicilio.

Además, le prohibía abandonar el país sin autorización judicial, le retiró el pasaporte y estableció la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.