El fallo de la sentencia establece una pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial por el mismo periodo de tiempo por el primer delito y seis meses de prisión con las accesorias de suspensión de empleo y cargo público, por el segundo delito.

Además, se han dictado indemnizaciones en concepto dedaños y perjuicios por valor de nueve millones de pesetas para los distintos perjudicados por los delitos.

La sentencia considera probado que ambos funcionarios obtuvieron un lucro ilícito aprovechándose de sus cargos, al dedicarse a la compraventa de carpetas de baja de buques pesqueros en solicitud de ayudas a la Unión Europea para nuevos buques.

En la misma se revela también que los dos funcionarios contaban con terceras personas para la comisión de estos fraudes y que García Muñoz obtuvo un bneficio económico que oscilaba entre las 180.000 y 190.000 pesetas por tonelada, mientras que Amado González percibió un 50% del mismo.

Los pesqueros que fueron objeto de dichos delitos son: "Juana Pepa", "Aurora Angustias", "Dos Hermanas", "Antonio Pepe", "Custodio", Galloso Cordero", "Dulcinea del Toboso" y "Primos Unidos".

Los condenados por estos delitos no poseen antecedentes penales de ningún tipo.