En una sentencia hecha pública hoy y que tiene casi 200 páginas, los magistrados decretan también el comiso de los bienes muebles, inmuebes, dinero, efectos y demás activos de las sociedades que el "clan de los Charlines" creó para el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.

"Dichos activos serán adjudicados al Estado, debiendo destinarse al menos el 50 por ciento de su producto a programas de prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos", ordenan los magistrados.

Las penas más altas (15 años de prisión) han sido para el máximo responsable del clan, Manuel Charlín Gam, y para su hija María José Charlín Pomares, considerada responsable última de la gestión económica del entramado familiar. Los magistrados les imponen también la prohibición de obtener subvenciones o ayudas públicas y de gozar de beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social por cada uno de los delitos.

Los magistrados imponen a los 14 condenados multas que alcanzan los 5.700.000 euros, en el caso de María José Charlín Pomares, los 2,9 millones de euros de Manuel Charlín Gama, o los 300.000euros en los suspuestos más leves.