Según informó hoy la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que junto con la OCUC de Cataluña interpuso la demanda en julio de 2000, al ser AENA un organismo dependiente del Ministerio de Fomento la sentencia establecía la responsabilidad patrimonial del Estado para el pago de las indemnizaciones.

La sentencia sólo beneficia a los viajeros que en su momento se incorporaron a la demanda atendiendo a los llamamientos de ambas asociaciones de consumidores, y se produce seis años después de los hechos denunciados.

La responsabilidad de AENA en los perjuicios padecidos por los viajeros es consecuencia de "las serias disfunciones en el servicio público aeroportuario", según los tribunales.

Se fija como motivo de indemnización no sólo los retrasos, por el importe del valor del billete de los vuelos retrasados o cancelados, sino también la pérdida o extravío temporal de equipajes, traslados en taxi y otros gastos demostrados, pérdida de servicios turísticos, el lucro cesante (pérdida de días de trabajo por el retraso en la vuelta, contratos no realizados) y, lo que es especialmente importante a juicio de OCU y OCUC, los daños morales padecidos por algunos viajeros, debido a razones de salud o de sufrimiento personal (viajes de boda frustrados).

La OCU y la OCUC se congratulan de que finalmente los usuarios afectados hayan sido resarcidos por los perjuicios sufridos, aunque lamentan la excesiva demora.