El auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, al que tuvo acceso Servimedia, considera que las investigaciones realizadas hasta ahora no corroboran el carácter supuestamente fraudulento de la venta de once fincas que Prado poseía en Sevilla a Grand Tibidabo, por un importe de 1.500 millones de pesetas.

La Audiencia no estima suficiente prueba la diferencia entre ese importe y la valoración realizada or un agente de la propiedad inmobiliaria de Sevilla, que cifró en 650 millones de pesetas el coste de los terrenos vendidos.

Según el auto, el dictamen realizado por ese agente de la propiedad "carece de trascendencia probatoria alguna, por haberse realizado con absoluto olvido de las normas del informe pericial", lo que habría dado lugar a una situación de "indefensión" para Manuel Prado.

La Audiencia Provincial pone en entredicho la instrucción realizada por el juez del caso, Joaquín Aguirre, e quien dice que sus argumentaciones "no suponen la existencia de motivos bastantes para creer al recurrente (Manuel Prado) criminalmente responsable de delito alguno, por tratarse de motivos susceptibles de plurales lecturas".

La resolución de la Audiencia Provincial concluye ordenando el levantamiento de la fianza, atendiendo al recurso interpuesto por la defensa de Prado, si bien añade que eso no prejuzga "la existencia o no de posibles indicios racionales de criminalidad que puedan resultar en el uturo".

Fuentes próximas a Manuel Prado consultadas por Servimedia indicaron que la resolución deja en evidencia al juez Joaquín Aguirre y "cierra la vía abierta contra Manuel Prado" por este magistrado.

Las mismas fuentes indicaron que Prado y Colón de Carvajal mantiene su posición, ya expresada cuando el juez Aguirre le impuso la fianza, de que el contencioso se limitaba a un problema de registros y que quedaría claro "en cuanto se aportara la documentación pertinente".