Según la resolución de la Audiencia, la Sala “con los datos obrantes cabe considerar que la recurrente era residente habitual en España y serían computables también las ausencias esporádicas a efectos de determinar si ha permanecido o no 183 días o más en territorio español al no parecer suficiente la documentación aportada para acreditar la residencia fiscal en otro país en los términos en que se viene exigiendo en la normativa tributaria y criterios de interpretación usuales".

Como conclusión, la Sala establece que “no pueden dar en esta fase procesal lugar al sobreseimiento interesado una vez que no se ha apreciado la insuficiencia de los indicios de acreditación del hecho principal.”

La cantante colombiana presento recurso contra la decisión del juez de procesarla para evitar el pago de 14,5 millones de euros a Hacienda. Una vez resuelto el recurso, la Fiscalía podrá concretar la pena de prisión que solicita para la artista por seis delitos fiscales en su escrito de acusación.

Su defensa esgrimió en el recurso que no hay pruebas directas de que, entre 2012 y 2014, Shakira pasara “más de 183 días en España”, el requisito que marca la ley para que un ciudadano sea considerado residente fiscal. Insiste en que la Agencia Tributaria solo dispone de pruebas “indirectas”, y en que la cantante vivía en esos años en Bahamas, donde tenía una casa.

Los técnicos de Hacienda, sin embargo, hicieron un minucioso análisis de la vida de Shakira en Barcelona llegando a la conclusión de que su vivienda habitual estaba allí y de que tuvo salidas “esporádicas” de España para atender compromisos profesionales tras los cuales volvía siempre a la ciudad condal.

Shakira ha pagado ya la totalidad de la suma que se le imputa, dicen sus abogados, ya que ingresó 41 millones de euros, 24 de los cuales corresponden a un expediente abierto por la Agencia Tributaria que se quedó en la vía administrativa porque, cuando la Fiscalía se querelló contra la cantante en 2018, ese ejercicio fiscal ya había prescrito. Los otros 17,5 millones abonados se corresponden con la cuota defraudada (más los intereses) en los años que se investigan en el proceso penal.