La causa se inició en 2009 en el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona y llegó a juicio entre marzo y mayo de 2022. En esta trama participaron funcionarios públicos y propietarios de viviendas para la concesión fraudulenta de licencias de los pisos turísticos de Ciutat Vella.

La sentencia condena a uno de los acusados, Heliodoro Eugenio Lozano, exdirector de los Servicios Técnicos de Ciutat Vella, a dos años y seis meses de prisión como autor de un delito de cohecho, un delito continuado de prevaricación urbanística y un delito de infidelidad en la custodia de documentos.

También resultó condenado a cuatro años y medio de cárcel el intermediario Joaquín Quílez por delitos de cohecho, prevaricación urbanística, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos y amenazas, así como la asesora jurídica del distrito de Ciutat Vella, Elena Ariza, la única de los acusados que no aceptó el acuerdo de conformidad con la fiscalía y que ha sido condenada a tres años y medio de prisión como autora de los delitos de cohecho y prevaricación, mientras que fue absuelta del delito de infidelidad en la custodia.