La Audiencia considera que los cuatro médicos no cometieron ningún delito de imprudencia, porque en el momento de efectuarse la transfusión no tenían la obligación, ni los medios necesarios, para hacer la prueba del sida a todas las transfusiones de sangre.

Los médicos no cometieron delito alguno, según la sentencia, puesto que cumplieron laley, vigente en 1986 año en que sucedieron los hechos, y las ordenanzas sanitarias de las autoridades competentes.

La anulación de la sentencia también contempla la invalidez de la indemnización de 70 millones de pesetas que el Instituto Catalán de la Salud debía pagar al hijo de Apolinaria Pasamontes, mujer que murió como consecuencia de aquella transfusión con sangre que llevaba el virus del sida.

La Audiencia de Barcelona considera incomprensible la sentencia del Juzgado Penal número seis de Brcelona, que condenaba a los cuatro médicos de la residencia sanitaria Vall d'Hebrón a penas que iban entre uno y dos años de cárcel.

Aquellas penas eran superiores a las que pedía el ministerio fiscal, por lo que la actual sentencia considera que la decisión del Juzgado Penal número seis vulnera el principio acusatorio.