Los tres titulares de la sala, José Antonio Jiménez-Alfaro, Manuel Trinzado y José Ricardo de Prada, señalan en su resolución que las "diligencias indeterminadas" abiertas por Moreiras son una "práctica judicial sin amparo normativo alguno", ya que no están reguladas legalmente y no constituyen un procedimiento que peda ser cauce para posteriores decisiones judiciales.

Para los magistrados, Miguel Moreriras debería haber abierto una causa penal en el momento en que recibió la demenda de Torras contra De la Rosa, por parte del despacho de José María Stampa Braun, para así poder determinar por una vía recogida en los procedimientos legales de investigación judicial si la querella estaba acertada o no.

En opinión de los firmantes, Moreriras deberá tomar en breve una resolución para esclarecer la situación de laquerella de Torras contra De la Rosa, y el equipo del que se rodeó al frente del grupo de empresas perteneciente a KIO, entre los que destacan Narciso de Mir, Jorge Nuñez, Juan José Folchi, Miguel Soler, Fahd Al-Sabaj y Fouad Jaled Jaffar por falsedad y estafa entre otros.

Asimismo, señalan que las opciones que le quedan al titular de delitos monetarios son las siguientes: que se abra una causa legal para determinar si admite la querella a trámite o la archiva definitivamente, o que una vez abierto elprocedemiento penal estime que los hechos deben ser investigados pero sin concretar contra quíen, por lo que deberá rechazar la demanda de Torras contra De la Rosa y seguir indagando.

Esta última posibilidad, según la sala de la Audiciencia Nacional, sólo sería aplicable si en las primeras diligencias se observa que o bien la querella no puede dirigirse en ese momento contra el querellado (De la Rosa y su equipo) o bien que la demanda va más allá de los que el juez Moreriras estime que deben ser invesigados.

Según los jueces, la decisisón adoptada en enero por Moreiras supone una infracción de las normas esenciales del prodecimiento, y produjo una "grave situación de indefesión" para los acusados por Torras, porque el camino elegido por Moreiras, no recogido en la ley, impedía a De la Rosa y su equipo acogerse a recursos legales.

En los más de 200 folios de documentación remitidos por los abogados de Torras a Moreiras, se acusa a los anteriores directivos del grupo de haber originado con su gstión unas pérdidas de 450.000 millones de pesetas en el conjunto de empresas que lo componen y un fraude de unos 100.000, a través de prácticas delictivas como apropiación indebida, malversación de fondos y falsedad de documento público, entre otros.

La resolución de la Sala de la Audiencia Nacional se produce sólo un día después de conocerse que el Gobierno de Kuwait ha solicitado a la Interpol la búsqueda y captura de tres ex directivos de KIO acusados de corrupción, de los que dos están también afctados por la querella de los actuales rtesponsables del grupo empresarial.

Según las manifestaciones del ministro de Finanzas de Kuwait, Nasser Abdulla al Rodahn, la petición a la Interpol va dirigida contra Fahd Mohamed Al Sabaj, Fouad Jaed Jaffar, que fue vicepresidente del grupo Torras, y Jhaled Nasser al Sabaj, que ocupó el cargo de presidente del grupo.

Además, el Gobierno del emirato ha decidido confiscar los bienes de los encausados, que a juicio, de las autoridades del país árabe, están uidos de la justicia.