El 10 de diciembre las ATS que operaban el acelerador encontraron sobre la consola de mandos una nota que decía: "Equipo arreglado. Podéis trabajar. El técnico de General Electric Mariano Conte había dejado esa nota el día 7, tras reparar la máquina.

Las ATS Carmen García Roy, Monserrat Ayala y Peña Zarazaga realizaron ese mismo día 10 los chequeos para comprobar el funcionamiento y todo les pareció normal, salvo la permanencia de la aguja del galvanómetro. Esta salvedad se la comunicaron al técnico, pero éste les calmó los ánimos diciéndoles que sólo estaba atascada.

Peña Zarazaga atravesó momento difíciles durante su declaración, ya que s madre es una de las pacientes irradiadas durante el fallo del acelerador. Su preocupación por las molestias que presentaba su madre no fue tenida en cuenta ni por los médicos ni por los físicos del hospital.

Las acusaciones particulares podrían rebajar sus peticiones sobre la culpabilidad de las ATS, según señaló el abogado de la acción popular, José Antonio Visus, al puntualizar que "la responsabilidad de las ATS es mucho menor que la del resto de las personas que intervinieron. Entendemos que hay ua mínima responsabilidad, por cuanto tenían conocimiento de la aguja y que las energías que se irradiaban eran de un tono muy alto".

El supervisor de Enfermería de la unidad, Arturo Munárriz, afirmó que él sabía que el acelerador tenía avería, aunque desconocía que la aguja estuviera atascada y además no tenía instrucciones por escrito de cómo actuar en caso de avería.