En un comunicado difundido por la ATR, este organismo considera "muy positiva lainiciativa del Ministerio de Educación y Ciencia y las emisoras de televisión, dado el cariz que estaba tomando la programación, pese a que ya existen en nuestro país normas legales más que suficientes para garantizar la protección de los menores frente a los contenidos televisivos a las que se hace caso omiso".

Consideran que la redacción del texto es una simple declaración de intenciones, general y abstracta, que no obliga a nada a las cadenas, en lugar de ofrecer unas normas claras, de estricto cumlimiento.

También manifiestan su desconfianza sobre el punto en el que se indica que las televisiones "advertirán de la presencia de escenas de violencia o sexo que puedan dañar la sensibilidad infantil", porque sospechan que dá via libre a la emisión de cualquier espacio de este tipo, siempre que se anuncie previamente.

Según los portavoces de la ATR, "los avisos servirán de poco si las emisiones desaconsejables para el público infantil se siguen difundiendo a cualquier hora del día", aunque estman favorable el avance de programas en los cortes publicitarios.

Por otra parte, consideran que el carácter progresivo de la instauración de este código indica de entrada una falta de voluntad por parte de las televisiones de aplicar con urgencia unos principios que todos coinciden en calificar de necesarios.

Fuentes de la ATR señalan su desagrado por el mutismo del ministerio al ofrecimiento de la asociación de participar en la elaboración del citado código y su deseo de que las cadenas no haya suscrito esos principios "sólo de boquilla" y que se comprometan con seriedad a cumplirlos.

Acerca de las declaraciones de Valerio Lazarov sobre la necesidad de una mayor obligación por parte de las televisiones públicas, la CEAPA ha indicado al director de Tele 5 que "los niños no distinguen entre televisiones públicas y privadas; se limitan a encender el aparato y ver la programación".

La CEAPA es partidaria de que sea el Parlamento el que regule tanto la programación televisiva como la publicdad dirigida a la infancia y la juventud, y recuerdan que el pasado mes de febrero remitieron una carta a los portavoces de grupos parlamentarios, al Defensor del Pueblo y a los ministros de Justicia y de Asuntos Sociales pidiendo una investigación sobre el tema para su regulación.