Los tres declararon hoy como testigos ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de la causa abierta contra el ex presidente del club rojiblanco por su gestión al frente de la entidad deportiva.

"He venido a ratificar el proceso de conversión de los clubs en Sociedad Anónima Deportiva", dijo Gómez Navarro a los periodistas a la salida del juzgado. Asimismo, aseguró que en el caso del Atlético de Madrid se realizó de anera "impecable", según los informes jurídicos que la Secretaría de Estado para el Deporte hizo en su momento.

Por su parte, Antonio Baró señaló a los periodistas que el plan de saneamiento del Atlético de Madrid se realizó dentro de la "más absoluta legalidad", mientras que Cortés Elvira añadió a los informadores que "tanto en la forma como en el fondo" la conversión del club rojiblanco en Sociedad Anónima Deportiva "fue correcta".

Sin embargo, según fuentes jurídicas, tanto Gómez Navarro como ortés Elvira negaron que el Atlético de Madrid devolviese a la LFP los pagos del plan de saneamiento del club rojiblanco, creado en 1991 para hacer frente a las deudas públicas que tenían los clubes de fútbol profesionales reducirlas a cero.

Además, reconocieron, según las mismas fuentes, que el Atlético de Madrid tenía con Jesús Gil una deuda de casi 2.000 millones de pesetas, reconocida por la junta directiva en septiembre de 1991. Tanto Gómez Navarro como Cortés Elvira añadieron que dicho débito afctaba al patrimonio del club.

En este sentido, añadieron que de dicha deuda dependía la conversión del Atlético de Madrid en Sociedad Anónima Deportiva, porque, si había déficit, era necesario doblar el capital social del club para que la transformación se llevase a cabo.

Cortés Elvira señaló que cuando Gil compareció ante el Consejo Superior de Deportes en enero de 1992 y aseguró que el Atlético de Madrid no tenía ninguna deuda pendiente ni era exigible a terceros, desconocía que se hubiese celerado una junta general por la que el club rojiblanco cedió a su presidente los derechos federativos de sus jugadores en pago a los casi 2.000 millones de pesetas que le debían.

En septiembre de 1991, el Atlético de Madrid celebró una junta directiva por la que se aprobaron las cuentas del club desde 1988 hasta 1991 y se reconoció una deuda de 1.986 millones de pesetas con Jesús Gil.

Por su parte, Baró aseguró que la LFP pagó con el dinero de las quinielas la deuda pública del Atlético de Madrid através del plan de saneamiento para los clubes de fútbol profesionales creado en 1991. Asimismo, añadió que la deuda privada se saldó con las aportaciones de los socios de la LFP.

Por otra parte, según las mismas fuentes, la acusación particular, representada por el abogado Juan Carlos Riera, va a solicitar que declare como testigo Luis Francisco Rodríguez López-Sepúlveda, secretario de la junta de accionistas del Atlético de Madrid en 1991.

La acusación particular sostiene que en la junta genera del Atlético de Madrid celebrada en septiembre de 1991 se acordó ceder los derecho federativos de los jugadores a Gil en pago a la deuda de casi 2000 millones de pesetas con la concidición de que tal proceso no ocasionara "menoscabo del patrimonio del club" rojiblanco.

El ex presidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, comparecerá mañana como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de la causa abierta contra él por su gestión al rente del club rojiblanco.

MEDIDAS CAUTELARES

Por otra parte, el próximo lunes se celebrará en la Audiencia Nacional lo que se denomina una "vistilla". Este proceso sirve para determinar si se toman medidas cautelares contra los imputados en un caso, en este caso Jesús Gil, su hijo Miguel Angel y el ex vicepresidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo.

García-Castellón instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra el presiente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella, Jesús Gil, entre otras personas.

El juez investiga los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y otros delitos societarios cometidos por Jesús Gil y Gil y otros administradores del club. la Fiscalía Anticorrupción cifra en 9.427 millones de pesetas el presunto fraude cometido.