García-Castellón decidió hoy la intervención judicial del club deportivo, lo que ha motivado la retirada en el orden del día del último pleno del Ayuntamiento de Madrid del citado acuerdo, que, en opinión del PSOE, sólo beneficiaba a la familia Gil, que a su juicio es la auténtica propietaria del Atlético, "que ya no es propiedad de los socios".

Continuar con los planes del ayuntamiento regido por el popular José María Alvarez del Manzano habría significado, egún Matilde Fernández, "la materialización de un regalo que conlleva un golpe urbanístico, porque significaba facilitar la construcción de 300 vivienda en una zona que estaba destinada a parques y equipamientos".

Los socialistas cifran en 4.000 millones de pesetas el beneficio que Gil podría haber sacado de la operación, de acuerdo con los informes técnicos que así lo acreditan.