De esta manera, el juez accede a decretar las medidas cautelares solicitadas por el fiscal anticorrupción encargado del "caso Atlético", Carlos Castresana, si bien rebaja sensiblemente la petición de fianza realizada por el Ministerio Púlico, que fue de 200 millones de pesetas para Gil y 100 para los otros dos imputados.

En sus escritos, hechos públicos hoy, el juez da un plazo de siete días a Jesús Gil, a su hijo Miguel Angel y a Enrique Cerezo, todos ellos imputados en el "caso Atlético", para que depositen las fianzas establecidas para eludir la prisión provisional.

García-Castellón argumenta que no hay riesgo de que estos tres imputados traten de eludir la acción de la justicia, aunque sí de que destruyan pruebas y de que vulvan a delinquir, pese a que el peligro ha quedado sensiblemente reducido con la administración judicial del Atlético de Madrid.

El juez sostiene que, aunque se cuenta con documentación diversa incautada durante los registros realizados el pasado 19 de octubre en el Estadio Vicente Calderón, el Club Financiero Inmobiliario y en las oficinas que Jesús Gil tiene en la madrileña Torre de Valencia, existe aún "la posibilidad de ocultación de pruebas existentes y la elaboración o confección de pruebas fictcias".

En cuanto a la reincidencia, el instructor del "caso Atlético" cree que no puede descartarse esta posibilidad, dado que "los propios imputados han venido reconociendo que una buana parte de su gestión al frente de la sociedad ahora en administración judicial se desarrollaba de manera opaca, carecía de reflejo contable y permitía la existencia de flujos económicos muy importantes que escapaban al control de los socios minoritarios, de la Liga de Fútbol Profesional y de los organismos públicos". Por estas razones, y por considerar que los delitos que se imputan a Jesús Gil, a su hijo Miguel Angel y a Enrique Cerezo son graves, García-Castellón estima que la prisión provisional bajo fianza es "la única que puede resultar disuasoria para que (estos tres imputados) desistan de realizar negocios jurídicos carentes de la necesaria transparencia".

El juez instructor del "caso Atlético" imputa a Jesús Gil, a su hijo Miguel Angel y a Enrique Cerezo los delitos continuados de estafa, apropiación idebida, otorgamiento de contratos simulados, falsedad en documento público y mercantil y otros delitos societarios.

NO CONTRA LA HACIENDA PUBLICA

Sin embargo, García-Castellón descarta imputarles por delito contra la Hacienda Pública, ya que los tres inculpados no han sido interrogados al respecto ni se cuenta por el momento con pruebas periciales sobre este punto.

Por otra parte, en los mismos autos hechos públicos hoy, el juez niega que en Málaga se estén investigando los mismos hechos que enla Audiencia Nacional, tal y como argumentaba el abogado de Jesús Gil y de su hijo, Horacio Oliva.

En este sentido, explica que mientras en la Audiencia Provincial de Málaga se investiga un conjunto de conductas presuntamente delictivas que habrían sido cometidas en perjuicio del Ayuntamiento de Marbella y del erario municipal, en el "caso Atlético" se persiguen otras que habrían afectado presumiblemente al club rojiblanco, a sus socios y a otros clubes de fútbol, así como a otros organismos públicos. Asimismo, niega la tesis de la defensa de que los delitos que investiga en el "caso Atlético" hayan prescrito y que algunos otros relacionados con conductas falsarias hayan desaparecido del Código Penal.

EMBARGO Y ADMINISTRACION JUDICIAL

Por otra parte, en otro auto hecho público hoy, el juez rechaza el recurso presentado por la defensa de Gil contra la decisión intervenir, secuestrar y embargar las acciones del Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva, así como la de decretar la administrción judicial del club rojiblanco y el bloqueo de todas las cuentas y saldos tanto de la entidad deportiva como de Promociones Futbolísticas.

En este auto, García-Castellón confirma la administración judicial del Atlético de Madrid así como la de tres empresas más controladas por la familia de Jesús Gil: Gerencia Atlética, Policlínica Atlético de Madrid y Fundación Club Atlético de Madrid.

En este escrito, el juez rechaza la tesis de que el real decreto que le sirvió para decretar estas medidas hbiese sido derogado por la disposición transitoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo texto fue publicado por el "Boletín Oficial del Estado" (BOE) el pasado 8 de enero.

El instructor del "caso Atlético" explica que el Real Decreto que empleó para administrar judicialmente el club rojiblanco y otras empresas no será derogado hasta la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo cual ocurrirá el 8 de enero del 2001, por lo que las medidas acordadas sobre la entidad deportiva y otras socidades de Gil continuarán aplicándose.

García-Castellón instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil y otras seis personas más, a quienes acusa de haber cometido un presunto fraude de 9.427 millones de pesetas.