Según García-Castellón, siguiendo la tesis del fiscal Anticorrupción encargado del caso, Carlos Castresana, en enero de 1998 Jesús Gil debía al Atlético de Madrid 2.700 millones de pesetas y para saldar la deuda, él y su hijo otorgaron cuatro contratos por los que Promociones Futbolísticas (Gil padre) cedía al club (Miguel Angel Gil) los derechos económicos y de imagen de los cuatro juadores.

Se trata de Limamou Mbengue, Bernardo Matías Djana, Maximiliano de Oliveira y Abass Muyiwa Lawal. De éstos, sólo el último podría responder a la categoría de jugador profesional, dado que fue incorporado como suplente al Atlético de Madrid B en 1998, donde permaneció en la temporada 98-99.

Los demás supuestos jugadores eran en realidad, según sostiene el auto de García-Castellón, un senegalés en paro (Limamou Mbengue), un angoleño que había pedido asilo y refugio en España (Bernardo Matía Djana) y un joven brasileño (Maximiliano de Oliveira).