Según los datos recogidos en el informe, la banda terrorista mató el año pasado a 45 personas, 19 de las cuales eran civiles.

AI ha condenado siempre odas las violaciones de los derechos humanos, pero a raíz del último Congreso Internacional de la organización, celebrado el pasado mes de septiembre, dio el "paso adelante" de investigar, verificar y contrastar también los atentados contra estos derechos efectuados por grupos armados de oposición y no únicamente los perpetrados por los poderes públicos.

José Manuel Paredes, presidente de Amnistía Internacional-España, manifestó que en 1991 había en nuestro país 6 objetores encarcelados, se seguían prduciendo denuncias de torturas y malos tratos y los procesos judiciales avanzaban demasiado lentamente. En España "sigue habiendo violaciones de derechos humanos", concluyó Paredes.

Amnistía, una de cuyas reglas es que sus miembros no pueden realizar investigaciones en sus propios países, denunció que el año pasado seguían en vigor en nuestro país los procedimientos judiciales especiales aplicables a los detenidos bajo sospecha de pertenecer a grupos armados. "Los tribunales podían, además, designar a abogado defensor del detenido", señala el informe.

AI refleja el informe del Defensor del Pueblo a las Cortes en abril de ese año, en el que expresó su preocupación por la persistencia de "malos tratos atribuidos a funcionarios de los cuerpos de seguridad" y por el hecho de que no se garantizasen "al detenido los derechos reconocidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

"Diversos detenidos en aplicación de la legislación antiterrorista y presuntos delincuentes comunes denunciaron haber sido obeto de torturas y malos tratos mientras se encontraban bajo custodia policial", afirma Amnistía Internacional.

DILIGENCIAS SIN CONCLUIR

En 1991 seguían sin concluir muchas diligencias judiciales sobre denuncias de torturas y malos tratos presentadas años atrás, según la organización internacional.

En diciembre de 1980, 8 jóvenes fueron detenidos en Zornotza, en el País Vasco, y presentaron una documentada querella judicial contra la Guardia Civil por torturas y malos tratos. Los testimonios estban apoyados por pruebas médicas y pudieron identificar a algunos de los agentes que, según ellos, los habían maltratado.

Desde 1980, uno de estos guardias había sido declarado culpable en dos ocasiones de torturar a detenidos, entre ellos a Tomás Linaza. "A pesar de ello, el juez encargado del caso intentó en abril archivar las diligencias, aduciendo falta de 'indicios racionales de criminalidad en el acusado'", indica el informe.

"El resultado de un recurso contra esta resolución judicial seguí pendiente al terminar el año", constata la investigación de AI.

En España se abrieron diligencias sobre las muertes de presuntos miembros de ETA por disparos efectuados por las fuerzas de seguridad en Lliça d'Amunt (Barcelona), en mayo, y en Bilbao en agosto.

AI también hace referencia a las diligencias judiciales abiertas en 1991 por los sucesos de la Foz de Lumbier, así como por la muerte del joven pamplonés Mikel Castillo.

La organización defensora de los derechos humanos pidió la liberaión de aquellos objetores de conciencia -al menos 6- que fueron encarcelados como desertores. Amnistía insiste en el documento en que los reclutas deben poder solicitar la condición de objetores de conciencia en cualquier momento y muestra su disconformidad con la actual Ley del Servicio Militar, que no reconoce la objeción sobrevenida, es decir, cuando ésta se produce una vez que el joven se ha incorporado a filas.

AI pidió investigaciones prontas e imparciales sobre las denuncias de torturas y malostratos, así como sobre las muertes en circunstancias controvertidas. También solicitó información sobre el progreso de las diligencias judiciales pertinentes.