Esa reforma provocó la dimisión como parlamentario socialista de Nicolás Redondo,cuando este era secretario general de UGT, aunque esta central no participó en el paro general organizado por la central que entonces dirigía Marcelino Camacho.

La sentencia de la que Martínez Emperador fue ponente, fechada abril de 1987 y a la que tuvo acceso Servimedia, establece como constitucional que los trabajadores puedan secundar una huelga que aparentemente tenga motivos políticos, siempre que éstos afecten finalmente al interés profesional de los asalariados.

La importancia de dicha senencia radica en que un decreto-ley de Relaciones Laborales de 1977 prohibía las huelgas por motivos políticos y dicha norma había sido por el Tribunal Constitucional como acorde con la Carta Magna.

La demanda que condujo a la sentencia de Martínez Emperador fue presentada por el comité de la empresa "Viudad de G. Mari Montañaña", firma que pretendía sancionar a sus trabajadores por secundar la huelga general convocada por CCOO.

El magistrado Martínez Emperador dio la razón a los trabajadores, aleando que la reforma en el régimen de pensiones, desde el punto de vista sindical, "incidía desfavorablemente en los derechos pasivos de la categoría de trabajadores".

"El hecho de que la huelga obedezca al móvil de protestar contra decisiones de los poderes públicos, cuando estas afectan de manera directa al interés profesional de los trabajadores, no produce como consecuencia necesaria que tales huelgas sean ilícitas", asegura Martínez Emperador en la sentencia.

CONDENA DE CAMACHO

Por su parte el histórico líder sindical de CCOO, Marcelino Camacho, manifestó a Servimedia que el recuerdo que tiene del magistrado Martínez Emperador es "de un hombre con un comportamiento progresista".

Camacho indicó que no existe ninguna justificación para atentar contra la vida de un hombre, "ni siquiera por ideas", por lo que condenó el asesinato, más aún dado el talante progresista del juez.