El auto de procesamiento dictado por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, hecho público hoy, hace referencia al "escaso coste total de la operación", sólo 105.000 euros, sin contar el precio de las armas de fuego, así como la documentación falsa.

Del Olmo detalla que "los gastos generales" del atentado financiaron la adquisición de los explosivos (entre 31.875 y 45.000 euros) y el alquiler de inmuebles, teléfonos y tarjetas SIM, que costaron como mínimo otros 54.271 euros.

A estas cantidades, el juez le suma los 51.795 euros en metálico acumulados por los miembros de la célula para hacer frente a gastos imprevistos.

En las mismas conclusiones, el juez destaca que habría que "añadir las reservas económicas con que contaban, en forma de hachís y MDMA (éxtasis puro), por valor de entre 1.353.677 y 1.537.663 euros, en el domicilios de los primos de Jamal Ahmidan", alias "El Chino".

TRÁFICO DROGAS

La financiación de los atentados se consiguió por "medios ilícitos" como el tráfico de drogas, mediante el cual se cubrieron la "mayor parte de los gastos y la adquisición de la mayor parte de los elementos necesarios" para los atentados. Los terroristas recurrieron también a la comisión de "otros delitos", como el robo de vehículos.

El juez también destaca la "confusión de patrimonios" utilizada por parte de los terroristas, que usaban "indistintamente" bienes de su propiedad y de sus familiares.

La mayor parte de los implicados pertenecen a un "estatus social y económico de perfil bajo". De hecho, el juez resalta que "es frecuente la situación de descubierto financiero (de los implicados) siendo incapaces de hacer frente, de forma regular, al pago de alquileres o facturas", como las de luz y agua.

El último punto de la conclusiones sobre la financiación de los atentados se centra en los vínculos previos de "muchos de los implicados", entre los que destaca el de "El Chino" con Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras en el tráfico de drogas y vehículos.

El análisis de la financiación de los atentados también hace referencia a las relaciones "directas" de Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet, alias "el Tunecino", y otros implicados con el extremismo islámico y las ramificaciones españolas de Al Qaeda. También subraya los "vínculos" entre algunos implicados, a través de su actividad laboral en el sector de la construcción y por lazos de amistad.

El juez destaca a "El Chino" como la "figura central" de todo lo relativo a la financiación, planificación y ejecución operativa de los atentados. Sobre él pesan "numerosos antecedentes", principalmente por tráfico de drogas y falsificación de documentos, que, según el juez, constituían su habitual medio de vida.