El Corsorcio, que depende del Ministerio de Economía, es el encargado de pagar las indemnizaciones derivadas de daños ocasionados por riesgos extraordinarios, como el terrorismo, pero sólo cubre a las personas y bienes que tienen un seguro contratado con una compañía privada.

Cuando son bienes materiales los que han resultado dañados, como es el caso del atentado de Logroño, los inmuebles y viviendas deben tener un seguro de robo, incendio o multirriesgo para poder acceder a las indemniaciones del Consorcio, mientras que los vehículos deben tener una cobertura de daños al propio vehículo, es decir, un seguro a todo riesgo, de lunas o robo, por ejemplo, ya que no basta con el seguro a terceros obligatorio.

Fuentes del Consorcio consultadas por esta agencia señalaron que la indemnización media por siniestro en el atentado de Logroño se situará en torno al millón de pesetas, según las primeras estimaciones, realizadas a partir de las valoraciones que están haciendo los peritos desplazaos a la capital riojana desde el pasado domingo.

Precisamente hoy, técnicos del Consorcio, del Ayuntamiento de Logroño y del Ministerio del Interior mantienen una reunión con la finalidad de coordinar la reparación de los daños provocados por el atentado y la concesión de las ayudas. La explosión del coche- bomba afectó fundamentalmente a comercios, oficinas, despachos y entidades bancarias, además de a vehículos, según el Consorcio.

El Ministerio del Interior también concede indemnizaciones por os daños provocados por atentados, que complementan a las del Consorcio, de manera que las ayudas otorgadas por ambos no pueden exceder del valor real de los daños producidos. En el caso de bienes materiales asegurados, el Consorcio se hace cargo del 90% de los daños directos e Interior del 10% restante.

Las ayudas del Ministerio del Interior, sin embargo, también cubren parte de los daños provocados por los atentados en bienes no asegurados, así como de los daños indirectos que puedan ocasionar, como por ejemplo, la pérdida de beneficios por inactividad de un negocio, el coste del alquiler de otra vivienda mientras se repara la afectada por el siniestro, etcétera.