La fiscal María Dolores Márquez había instado al juez a que pidiese a la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, un informe detallado sobre las medidas de seguridad, vigilancia y contravigilancia de que dispone Aznar así como los nombres de los funcionarios que lo componenque, una vez identificado el máximo resonsable del dispositivo de seguridad, fuese llamado a declarar como testigo.

Esta petición no fue aceptada por el magistrado quien, sin embargo, solicitó a Interior la relación de las medidas de seguridad del líder del PP aunque de forma genérica, lo que fue recurrido por la fiscal el pasado viernes.

Según informaron fuentes judiciales, en un auto dictado hoy García-Castellón rechaza este recurso de la fiscal Márquez por entender que es innecesario conocer l nombre de los responsables del dispositivo de seguridad de Aznar cuyas vidas, a su juicio, podrían ponerse en peligro en el caso de que fueran identificados y citados a declarar.

Además, el magistrado estima que esa diligencia no aporta datos relevantes a la investigación, tendente a determinar la identidad de los autores del atentado.

El juez García-Castellón también ha rechazado hoy otro recurso interpuesto por la fiscal contra la decisión del magistrado de decretar el secreto del sumario, qu había sido solicitado por la representante del ministerio público para el supuesto de que fuese llamado a declarar el responsable del dispositivo de seguridad de Aznar.

El magistrado, por el contrario, estima que es necesario mantener bajo secreto las actuaciones con la finalidad de no entorpecer la investigación y poder practicar una serie de diligencias.

Finalmente, García-Castellón también desestimó hoy un tercer recurso de la fiscal contra la fijación por parte del juez de una fianza de 50.00 pesetas a la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) para poder personarse en la causa como acción popular.

La representante del ministerio público pidió al magistrado que no impusiese a la asociación ninguna cuantía como fianza, lo que García-Castellón ha denegado basándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece la obligación de señalar una fianza para personarse en una causa excepto a los directamente perjudicados.

Por otra parte, ayer comparecieron en la Audiencia Nacional un toal de 8 personas afectadas por la explosión del coche-bomba dirigido contra Aznar para ser sometidas a un reconocimiento por parte del médico forense, con el fin de que dichos informes consten en las diligencias.

Al igual que ya ocurrió con Aznar y otros perjudicados por el atentado, el magistrado les hizo un ofrecimiento de acciones para que puedan perseguir penalmente a los autores de la acción terrorista, aunque por el momento ninguno de ellos ha aceptado personarse en la causa como acusación partiular.