egún informaron fuentes judiciales, la fiscal del caso, María Dolores Márquez, remitió hoy un escrito al magistrado en el que, asímismo, pide a García-Castellón que una vez que reabra la causa oficie al juzgado de Baltasar Garzón para que éste le facilite los documentos incautados en dicha vivienda, con el fin de poder practicar otras diligencias encaminadas a la determinación de los autores del atentado y decretar su procesamiento.

Sin embargo, de acuerdo con las mismas fuentes, ni el juez Garzón, qu fue el que autorizó la entrada en el piso de ETA al estar su juzgado de guardia, ni García-Castellón habían recibido hoy dichos documentos, a pesar de que ayer los exhibió en una rueda de prensa el director general de la Policía, Juan Cotino.

Este hecho ha causado malestar en la Audiencia Nacional, donde hoy se destacaba que lo habitual tras un registro en una vivienda es que la Policía, tras realizar un informe de los objetos incautados, los remita al juzgado correspondiente, en este caso al de Garzn.

Además, las citadas fuentes aseguraron que tanto este magistrado como García-Castellón tuvieron conocimiento de la existencia del plano sobre el atentado por las informaciones aparecidas en la prensa.

Según informó ayer Cotino, el piso franco descubierto, que fue abandonado hace 8 meses, había sido ocupado por los etarras Rufino Arraiga Arrueabarrena y Ainhoa Múgica Goñi y en él se hallaron armas, explosivos y huellas de otro etarra, que podría ser Jon Bienzobas, a quien se atribuye el asesinao del ex presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente.

El anuncio del hallazgo de la vivienda utilizada por ETA coincidió con la resolución dictada ayer por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmando el auto de conclusión del sumario decretado por García-Castellón al no haberse podido determinar los autores del atentado, perpetrado el 19 de abril de 1995.

Dicha conclusión había sido recurrida por la fiscal Márquez, que había pedido a la sala la revocación con e fin de poder procesar al etarra Mikel Azurmendi Peñagaricano, "Ankas", a quien la representante del ministerio público consideró implicado en la acción terrorista tras hallarse huellas suyas en un vehículo abandonado a 80 metros del domicilio de Aznar un año antes del atentado.

Asímismo, la Asociación Víctimas del Terrorismo, que ejerce la acción popular en dicha causa, también pidió a la sala la revocación de la conclusión del sumario para poder practicar nuevas diligencias, aunque se opuso al proceamiento de "Ankas".

Precisamente, por su actuación en esta causa, la inspección realizada en la Fiscalía de la Audiencia Nacional podría proceder penalmente contra la fiscal Márquez, a quien se le atribuye haber retenido durante meses, sin remitirlos al instructor, dos informes policiales que desvinculaban a "Ankas" de este atentado.