Así se expresó Amor durante una entrevista en RNE recogida por Servimedia, donde señaló que ve “difícil” que esta negociación acabe en pacto, “entre otras cosas, porque tampoco hay un acuerdo político”.

Puso como ejemplo que la propuesta de Seguridad Social de aumentar de 25 a 30 años el período de cálculo de la pensión, eliminando los 24 meses peores de la carrera laboral, no cuenta con consenso político para que pudiera salir adelante en el Parlamento. “Soy muy pesimista”, enfatizó el también vicepresidente de CEOE.

Además, criticó que “subir las pensiones como han subido, un 8,5%, es muy fácil en el BOE por parte del Gobierno”, incluso “apoyado por el Parlamento”, pero las empresas y autónomos “no pueden tener un aumento de cotizaciones cuando seguimos siendo uno de los países de la Unión Europea” con las cotizaciones “más elevadas”.

Amor recordó que hace año y medio los agentes sociales y el Gobierno sí llegaron a un acuerdo con la primera fase de la reforma de pensiones, aunque finalmente no apoyó CEOE la subida de las cotizaciones en un 0,6% de las cotizaciones desde 2023 para rellenar la ‘hucha de las pensiones’. Así, explicó que en esa cuestión no hubo pacto “y el Gobierno legisló” finalmente. “No sé qué hará en este momento”, se preguntó.

SMI

En cuanto a la negociación del Ministerio de Trabajo y Economía Social con sindicatos y patronal para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el presidente de ATA defendió la propuesta de CEOE de que este indicador suba un 4%, hasta los 1.040 euros por 14 pagas.

“Frente a aquellos que decían que los empresarios no querían subir salarios ni tampoco el SMI, lo que hemos puesto sobre la mesa es una propuesta coherente con la situación de la economía, la inflación y la situación que están viviendo las empresas y los autónomos”, abundó Amor.

A su juicio, el SMI “no se concentra” en grandes empresas, sino “en autónomos y pymes, que es donde la situación está peor”.

Asimismo, reclamó al Gobierno “coherencia” con las subidas del SMI que aprueba y que se incrementen las cuantías de los contratos públicos de las administraciones con empresas y autónomos, ya que el salario mínimo ha crecido un 40% en los últimos años, pero no estos contratos.