Esta ley, que entró ayer en vigor, obliga a los propietarios a “dar alquiler social a ‘okupas’ ilegales”, según la directora general de Asval, María Andreu. “De esta manera, se continúa con el amparo de la Administración Pública a la ocupación ilegal, lo que convierte a España en el único país en la Unión Europea que protege esta actividad delictiva”, concluye.

Asval considera que esta decisión puede generar “un efecto llamada a la ocupación ilegal, un fenómeno delictivo especialmente acuciante en Cataluña, donde se registran más del 50% de los casos totales de 2021”. Cada día en España se registran más de 40 casos de ocupación al día.

María Andreu considera que “esta ley atenta contra el derecho de propiedad privada, consagrado en el Artículo 33, al establecer, en la práctica, una expropiación de viviendas por parte de las Administraciones Públicas. Además, se establece una clara discriminación legal de propietarios en función del número de viviendas. Esto supone una arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución Española”, explica la portavoz de Asval.

En última instancia, consideran que se puede agravar el problema de los colectivos vulnerables, aquellos a los que se pretende proteger, ya que el problema de la falta de asequibilidad de la vivienda reside en la escasez de oferta. “Esta norma provocará una reducción aún mayor de la misma, por la enorme inseguridad jurídica que genera”, finaliza Asval.