Este plan, aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de julio de 1991, prevé el cierre de 40 centros penitenciarios, de los 78 que existían, y la construcción de otros 24, con lo que tras la finalización de este plan en 1997, el número de prisiones será de 63, que tendrán capacidad para uns 42.000 internos y en las que trabajarán 19.000 funcionarios, casi 6.000 más que en la actualidad.

El pacto suscrito hoy se basa en diversos principios de actuación, uno de los cuales pretende garantizar la titularidad del puesto de trabajo de iguales características al que venía desempeñando a aquel funcionario que deba desplazarse, así como los niveles retributivos que estuviera percibiendo.

Asimismo, establece buscar fórmulas de colaboración que posibiliten el asentamiento de los trabajadoresen el entorno geográfico de las nuevas prisiones, para lo que las administraciones impulsarán programas que faciliten el acceso a una vivienda.

El pacto también incluye una serie de normas entre las que figura la obligación de la Administración Penitenciaria de informar a los sindicatos sobre la evolución y ejecución del plan de amortización en los aspectos que supongan la modificación de las condiciones de trabajo del personal afectado.

Además, prevé que la reasignación de efectivos será realizaa sin que implique modificaciones del puesto que cada funcionario ejercía y fija que la administración penitenciaria arbitre las medias alternativas adecuadas para garantizar el transporte al conjunto de trabajadores.

Finalmente, ambas partes se comprometen a buscar las soluciones más idóneas a aquellas situaciones personales que, por su problemática específica y grave, requieran un tratamiento individualizado.

Tras la firma del acuerdo, el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, afirmó que ese pacto significa que el plan de amortización de las cárceles se puede realizar en un marco de confianza entre la administración y los sindicatos para dar un mejor servicio a los ciudadanos.