ASUNTOS PENITENCIARIOS RECONOCE QUE EXISTEN PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN "TRABAJOS PENITENCIARIOS"
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
La Secretaría general de Asuntos Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Justicia, reconoció hoy que investiga un presunto caso de corrupción en el organismo autónomo "Trabajos Penitenciarios" y que ha constatado "indicios" de que el anterior equipo directivo de este orgaismo adjudicó trabajos a empresas relacionadas con familiares.
El periódico "Diario 16" publica en su edición de hoy que "Trabajos Penitenciarios", cuyo consejo de administración preside el secretario general de Asuntos Penitenciarios, tiene en sus libros de contabilidad irregularidades financieras en un montante cercano a los 800 millones de pesetas.
Citando fuentes del Ministerio de Justicia, el diario asegura que la contabilidad de los últimos tres años en el organísmo autónomo está "totalment desorganizada, por lo que, aseguran (esas fuentes), se puede decir que no existen".
En una nota emitida a media tarde de hoy, Asuntos Penitenciarios explica que el 27 de octubre pasado inició una información reservada sobre "irregularidades económico-administrativas" (no cita cuantía), a instancias del actual gerente de "Trabajos Penitenciarios", Emilio Hernández Santiago.
La investigación está siendo realizada por la Inspección General Penitenciaria, dependiente de la Secretaría que dirige Antoi Asunción, y, según el comunicado, afecta a "las compras" del organismo durante el período en que el anterior gerente, Rafael Martínez Torrecilla, ocupó el cargo, y trabajó con él Javier Serrano Ibáñez, contratado en calidad de "experto en marketing".
"Durante el transcurso de la práctica de averiguaciones", dice la nota, "se constataron indicios de que familiares del señor Serrano formaban parte de los consejos de administración de algunas empresas suministradoras del citado organismo autónomo".
Como medida cautelar, Asuntos Penitenciarios destituyó a Martínez Torrecilla y a Serrano no se le renovó el contrato, en junio de 1992.
"De la investigación", añade el comunicado, "también se desprenden indicios de responsabilidad de don Carlos Romero Delgado y Don Eduardo Cortés Gómez, funcionarios del organismo Trabajos Penitenciarios, que fueron suspendidos cautelarmente, situación en la que continúan en la actualidad".
Los resultados de esta investigación fueron remitidos al Ministerio Fisca el pasado 3 de noviembre "al igual que en otros casos investigados por esta Secretaría General, que en la actualidad están sub iudice".
(SERVIMEDIA)
30 Nov 1992
G