La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer a la administración penitenciaria la relación de los etarras en régimen abierto, sus lugares de trabajo y sus sueldos, con el fin de poder proceder al embargo de sus retribuciones para que hagan frente al pago de indemnizaciones, e hizo extensible esta medida a los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, condenados a 108 años de cárcel por su relación con los GAL.

En el escrito, la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios matiza, sin embarg, que todavía no ha llegado al registro de ese organismo "notificación oficial alguna de la fiscalía", aunque señala que, como en anteriores ocasiones, cuando reciba la petición oficial facilitará los datos solicitados al tribunal sentenciador y al fiscal, como parte acusadora en el proceso.

Explica que esos expedientes penitenciarios están sometidos a control jurisdiccional en el marco de la ejecución de la pena, siendo el tribunal sentenciador el que tiene la potestad de embargar los sueldos de los nternos con responsabilidades civiles y comunicar el embargo y retención a las empresas o entidades pagadoras.

Finalmente, recuerda que la Audiencia Nacional ya solicitó en 1993 y en 1994 datos sobre otros penados, "informaciones que, obviamente, han sido evacuadas".