El pasado mes de septiembre, Justicia puso en marcha un servicio de atención al ciudadano encargado de certificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a estas ayudas, entre los cuales figuraba demostrar la estancia en prisión durante al menos tres años y haber cumplido 65 antes de diciembre de 1990.

De las 97.000 solicitudes admitidas desde entonces, sólo han sido estudiadas 32.500, la mayoría de las cuales -el 80 por cieto- han sido remitidas para su tramitación definitiva al Ministerio de Hacienda como responsable directo de la asignación.

Asunción, que compareció en la Comisión de Justicia e Interior para explicar el desarrollo de la tramitación de las solicitudes, justificó el retraso en el cierre de los expedientes alegando que "han surgido muchas dificultades en el proceso de verificación de los requisitos". "En muchos casos", precisó, "se han presentado datos erróneos sobre los centros de reclusión correspondietes".

El portavoz de IU, Ricardo Peralta, culpó al talante "tan exigente" del Gobierno de este retraso, que ha provocado que "sólo un porcentaje mínimo de los solicitantes", según Justicia 8.000 personas, estén ya percibiendo las indemnizaciones.

"DANDO LA MATRACA"

Tanto IU como el Grupo Popular convinieron en demandar al Gobierno que "no sea tan riguroso" en la comprobación de los requisitos. A juicio del popular Rogelio Báon, "se corre el peligro de que muchos de los solicitantes, por su avanada edad, no lleguen a cobrar ni una peseta".

El diputado de Izquierda Unida anunció que su grupo pedirá la comparecencia en la Cámara Baja de la directora general de Costes de Personal del Ministerio de Economía, para que informe del número exacto de personas que ya están percibiendo las ayudas.

El portavoz de la Asociación de Ex Presos y Represaliados Políticos (Resistentes Antifascistas), Marcos Arcos, declaró a Servimedia que "es una vergüenza que sólo 8.000 personas estén cobrando ayudas". "Está claro", denunció este portavoz, "que Justicia no ha tenido las mismas prisas que nos exigió a nosotros para presentar las solicitudes" (el plazo abarcaba entre julio y diciembre de 1990).

Marcos Arcos anunció que su asociación seguirá "dando la matraca" al Gobierno para manifestar su rechazo a una norma "que discrimina a los que no pueden acreditar su estancia en prisión o que 'por desgracia' no estuvieron en la cárcel el mínimo de tres años exigido".

El PSOE incluyó una disposición adiconal en los Presupuestos Generales del Estado de 1991, por la que se establece una indemnización de un millón de pesetas para quienes sufrieron al menos tres años de prisión por motivos políticos durante la dictadura y 200.000 pesetas por cada tres años más. Además, se exige haber cumplido 65 años antes de diciembre de 1990 o acreditar la condición de pensionista por viudedad por esta causa.