Según informó hoy el Ministerio de Sanidad y Consumo, los convenios suscritos hasta el momento con las comunidades autónomas se firman por un periodo de tres años y en ellos se contemplan aspectos de financiación y de funciones de los centros que desarrollan un programa denotificación voluntaria de sospechas de reacciones adversas de los medicamentos.

El Sistema Español de Farmacovigilancia, recogido en la Ley del Medicamento, obliga tanto a los profesionales sanitarios, como a la industria farmacéutica a comunicar con celeridad a las autoridades sanitarias o a los centros especializados que éstas designen los efectos inesperados o tóxicos que pudieran haber sido causados por los medicamentos.

España colabora en este tema a nivel internacional con la Organización undial de la Salud, a través del Progrma Internacional de Comunicación Voluntaria de Reacciones Adversas, y con la Unión Europea.