La norma también permitirá uniformar las condiciones de acceso a esta profesión, ya que en ella se establecen los requisitos concretos para poder desempañarla y se crea un Registro de Personas Mediadoras Familiares.

Con esta ley, además, se da respuesta a las recomendaciones del Consejo de Ministros Europeo a los Estados miembros que ya en 1986 exhortó la puesta en marcha de este modelo para promover la solución amistosa de conflictos.