UGT respondió así a la decisión de la Comisión Europea de pedir a los astilleros públicos españoles que devuelvan al Estado cerca de 18.500 millones de pesetas que recibieron a través de exenciones fiscales adjudicadas en 1998, al considerarlas ayudas ilegales.

En declaraciones a Servimedia, Romero indicó que ésta es una primera opinión de la Comisión Europea y se mostró convencio de que el Gobierno español recurrirá esta decisión. Aseguró que las ayudas a los astilleros españoles no son distintas de las del resto de países europeos, y recalcó que el problema no es la competencia entre los astilleros europeos, sino "la que nos llega de fuera".

A su juicio, Bruselas sigue más preocupada de controlar internamente la actitud de los gobiernos nacionales, que de prestar atención a las prácticas de "dumping" que se hacen desde Corea del Sur, que es lo que reclaman los sindicatos detoda Europa. "Nos estamos mirando al ombligo continuamente sin darnos cuenta de que otros, desde fuera, hacen justamente lo contrario de lo que la Comisión Europea exige a los astilleros europeos", dijo.

Insistió en que hay que corregir esa competencia desleal y recordó que ésta es una de las reivindicaciones principales de la jornada de acción convocada por los sindicatos en el sector en toda Europa para el próximo día 5, unos días antes de la reunión que mantendrán los ministros de Industria comunitrios, en la que se analizará el futuro del sector naval europeo.

Los sindicatos piden a la Comisión Europea que preste más atención y protección al sector. En concreto, reclaman que las ayudas se prolonguen más allá del año 2000 y que sean mayores, para que permitan compensar la diferencia real que hay entre los precios que impone Corea en el mercado internacional y los costes de producción que existen en Europa.

"Siguen emperrados en aplicar el principio de la libre competencia de una manera funamentalista en Europa, sin darse cuenta de que lo que nos estamos jugando es el futuro del conjunto del sector naval europeo", dijo Romero, quien advirtió de que la actitud de Bruselas puede acabar poniendo en peligro la propia supervivencia de los astilleros en Europa y dejando en manos de los países asiáticos toda la producción naval de futuro.