Jorreto compareció ante la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, donde explicó las características que definen el síndrome de Asperger y por qué estas personas encuentran “tan difícil” acreditar su discapacidad y acceder a las prestaciones que necesitan.

Según detalló, estas personas están “dentro del espectro autista, pero no tienen discapacidad intelectual asociada y poseen lenguaje verbal”. Se caracterizan por problemas de coordinación y de propiocepción; una inteligencia media o incluso superior; sensibilidad sensorial extrema; desarrollo de intereses obsesivos; dificultades para regular emociones y comunicarse de forma efectiva; problemas para interpretar expresiones faciales, el lenguaje no verbal, las sutilezas y los significados implícitos; obstáculos en la identificación de comportamientos sociales y en la atribución de intenciones a los demás, y dificultades para comprender las emociones y necesidades de otras personas.

Todo esto les genera mucha ansiedad y sufrimiento, apuntó, y les lleva al aislamiento y a la incomprensión”. A la vez, “suelen ser personas muy crédulas y muy susceptibles a sufrir abusos y violencia, sobre todo en el caso de las mujeres”, agregó Jorreto.

En su discurso, describió la discapacidad psicosocial como aquella derivada de “dificultades en el procesamiento de estímulos sensoriales, sociales y cognitivos” y precisó que, en el caso de las personas Asperger, las mayores disfunciones de procesamiento proceden del ámbito social, sin olvidar los demás.

INVISIBLES

En la actualidad, el baremo que maneja el Imserso distingue entre discapacidad física, sensorial y psíquica y, dentro de esta última, “se contempla la enfermedad mental y la discapacidad intelectual”.

Las características de las personas con Asperger no se corresponden a ninguna de estas dos modalidades, indicó, y por este motivo “se quedan fuera del empleo público reservado para personas con discapacidad intelectual; no reciben las adaptaciones en exámenes y pruebas que sí necesitan, o resultan excluidas de muchas ayudas”. En opinión de Jorreto, estas personas sufren “una doble discriminación” y “muchas veces se ven en desamparo” por esta suerte de invisibilidad.

Destacó que en la etapa educativa, casi el 100% de estos alumnos sufren ‘bullying’; que el 84% del colectivo está en paro, pese a que “alcanzan una formación media y superior”; que muchos llegan a la vejez con escasos recursos, y que presentan “un índice alarmante de suicidio”. De hecho, un 33,2% de las personas con síndrome de Asperger han tenido ideaciones suicidas, y más de un 24% lo ha intentado.

Estos datos demuestran la necesidad de ajustes razonables en el empleo y en el sistema educativo; ayudas al estudio; apoyos, y atención especializada de estas personas, y se preguntó: “¿Por qué no reconocer una discapacidad de base neurológica que les condiciona de por vida?”.

En consecuencia, Jorreto pidió al Congreso que inste al Imserso a reconocer la discapacidad psicosocial de forma específica, “en la senda que ya han iniciado los parlamentos de Andalucía, Cataluña o Baleares”.

MÁS FONDOS

Por otro lado, exigió “una financiación justa y estable” y afirmó que asociaciones como Asperger España “son vanguardia internacional en la generación de conocimiento, atención y prestación de servicios, sin apenas apoyo público”.

A su juicio, las asociaciones de personas con discapacidad y de sus familias prestan "una asistencia que correspondería a las administraciones públicas”. “No nos parece justo que debamos competir por las ayudas públicas entre nosotras porque cada una atendemos a un tipo de discapacidad distinto”.

En su opinión, “conceder más fondos a quienes más personas atienden es un círculo vicioso”, y reclamó “una financiación garantizada y estable que permita planificar” y asegurar la continuidad de los programas.