Según el comunicado de prensa de ASPE, que integra a casi 600 entidades sanitarias privadas, España debe “aprovechar” la adaptación fiscal que permite la UE a sectores de interés general a través de la directiva comunitaria 2022/45 del 5 de abril de 2022, que confiere “capacidad de decisión a los Estados miembros”.

Esta ley establece la posibilidad de determinar un tipo de IVA superreducido por debajo del 5% para beneficiar al consumidor final y perseguir objetivos de "interés general". La patronal de tecnología sanitaria estima que adaptar la situación fiscal del material sanitario puede suponer un ahorro de más de 1.000 millones de euros para la sanidad pública y la privada.

Desde la Unión Europea se ofrece así la posibilidad de adaptar la situación fiscal del equipamiento sanitario a partir del 1 de enero de 2025, fecha en la que entra en vigor esta nueva legislación.

Cabe recordar, afirma ASPE, “que la Comisión Europea propuso ya en 2018 la reforma y simplificación del sistema actual del Impuesto sobre el Valor Añadido en el conjunto de los países de la Unión Europea, lo que confirió mayor capacidad de decisión a los Estados miembros” y que, en el caso de España, “aún no se ha traducido en una reducción de este impuesto en los productos sanitarios”. Pues aún “no ha tomado una determinación en los más de 400 días que han transcurrido desde la publicación de esta Directiva”.

Sin embargo, esto “contrasta” con su situación, al tratarse de "uno de los países de la UE con una mayor carga impositiva en productos sanitarios junto a otros como Alemania y Francia", tal y como recuerdan desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).