LAS ASOCIACIONES DE VECINOS EXIGEN UN IMPUESTO ESPECIAL PARA LOS EMPRESARIOS DE LOCALES DE OCIO NOCTURNO

- También piden al Gobierno la aprobación de una Ley Nacional contra el Ruido

ORENSE
SERVIMEDIA

La Confederación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de España (CAVE), que durante este pasado fin de semana ha celebrado en Orense su XIII Asamblea General, ha exigido la aprobación de una Ley Nacional contra el Ruido y la aplicación de un impuesto empesarial especial destinado a paliar los efectos negativos de la diversión nocturna en locales de ocio.

La asamblea se centró en analizar el conflicto entre dos derechos de los ciudadanos muchas veces enfrentados: el disfrute del ocio nocturno y del descanso, y concluyó que las soluciones no pasan por eliminar la "movida nocturna", sino en adoptar distintas medidas desde la Administración y hacer un ejercicio de responsabilidad por parte de empresarios, consumidores y vecinos.

El movimiento vecina considera que las administraciones son las responsables de la situación actual de conflicto, al no haber sido capaces de aprobar medidas que hagan compatibles la diversión y el descanso.

La XIII Asamblea General de la CAVE abordó también otros temas, como la economía social, la corresponsabilidad en el hogar y la inmigración. Sobre la economía social, los participantes destacaron las experiencias puestas en marcha por el movimiento vecinal, que demuestran que algunos proyectos pueden contribuir a crer empleo, riqueza y recursos sociales.

Sobre el reparto de responsabilidades en el ámbito familiar, los asambleistas coincidieron en que debe producirse un cambio cultural, impulsado por las asociaciones de vecinos. También pidieron que el trabajo en el hogar sea considerado como un trabajo más y dé derecho a poder cotizar con vistas a la percepción de una futura pensión.

Finalmente, sobre la inmigración, se decidió exigir a las administraciones que aceleren las acciones para el asentamiento de imigrantes en condiciones sociales y humanas dignas como ciudadanos de pleno derecho y garanticen su acceso a la sanidad, la educación, los servicios sociales y la vivienda.

Las propuestas sobre inmigración se remitirán en especial a los presidentes de la Junta de Andalucía y de las instituciones canarias, a los ministerios de Interior y de Exteriores, al presidente del Gobierno central, al Parlamento Europeo, a Naciones Unidas y a la Embajada de Marruecos.

(SERVIMEDIA)
08 Mayo 2000
CAA