En este sentido, el presidente de la asociación de vecinos de la localidad barcelonesa de Tarrasa, Antonio Cazorla, mostró a Servimedia su rechazo a quehaya una gran cantidad de viviendas vacías "mientras la población no puede acceder a ellas, y es que las viviendas debe estar ocupadas por los ciudadanos, porque la Constitución así lo ampara, y ahora no se está cumpliendo ese derecho básico".

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona, Elena Regidor, está de acuerdo con el proyecto de ley "porque, con el encarecimiento de los inmuebles existentes, las viviendas cerradas (que no se venden) se deterioran, y aunque la ley tiene sus más y sus menos, se debe informar sobre este proyecto a los dueños para reducir la especulación sobre viviendas".

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lérida, Joaquín Mateo, mostró a Servimedia su conformidad con el proyecto de ley "siempre que esas viviendas se destinen a los jóvenes y ciudadanos con bajo poder adquisitivo, porque la idea es muy buena ya que comprar viviendas nuevas resulta cada vez más difícil para la mayoría de la población".

En este sentido, si estas vivendas entran a formar parte del mercado de alquiler, Mateo apuesta porque "lo hagan a precios asequibles al público".

El Gobierno catalán confía que el proyecto de ley sea aprobado por el Parlament antes del próximo mes de junio, y en él se contemplan "expropiaciones temporales" en casos extremos, según explicó el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar.

Baltasar señaló que, para que una vivienda se considere desocupada, han de pasar dos años sin inquilinos y, si los propietarios no quieren alquilarla durante muchos años, a pesar de haber recibido ofertas, la Generalitat destinará a los dueños del inmueble ayuda para su rehabilitación y se ofrecerá también como avalista para poner la vivienda en el mercado.