El presidente de Cocarmi, Francesc Pérez, fue el encargado de presentar ante los diputados este decálogo, cuya finalidad es mejorar la integración de las personas con discapacidad y enfermedad mental.

Una de las propuestas es el cumplimiento de la LISMI o, en su defecto, de las medidas alternativas, una importante apuesta por la integración laboral por parte de todos los agentes implicados en el proceso: empresas, sindicatos, administraciones y tejido asociativo.

El comité pide también la mejora de la accesibilidad en edificios, calles, transportes, productos y servicios, educación, trabajo, salud, cultura, deporte, nuevas tecnologías, Internet, TDT, diseño de productos y comunicación en todos los ámbitos.

Asimismo, reclama "una apuesta fuerte y decidida por la normalización social de las personas con discapacidad, con presencia en todos los estamentos de la vida, entre ellos la política".

También ve necesario tener en cuenta de forma especial los casos de doble discriminación, por ejemplo cuando la discapacidad va acompañada del hecho de ser mujer, inmigrante o víctima de violencia física o psicológica.

Cocarmi pide igualmente "buenos decretos para regular la Ley de Servicios Sociales de Cataluña" y "aprobación de la Cartera de Servicios 2008-09, que incorpore los Servicios Sociales y también las prestaciones tecnológicas destinadas a mejorar la autonomía de las personas con discapacidad".

DEPENDENCIA

Una mayor agilidad en los procesos de evaluación de la dependencia y un circuito más rápido de acceso a los servicios y prestaciones previstos por la Ley de Autonomía Personal son otras reclamaciones del comité.

Asimismo, aboga por un "fuerte compromiso político y presupuestario para hacer factible en Cataluña la Ley de Lengua de Signos y Comunicación Oral de las Personas Sordas en la implantación de intérpretes y apoyos para la comunicación de todo el colectivo".

El decálogo reclama igualmente la aprobación de un plan de fortalecimiento del Tercer Sector para dar respuesta al potencial que supone la existencia de un amplio y diverso tejido asociativo en Cataluña.

La última petición de Cocarmi es "una correlación entre lo que se recauda y se distribuye en el sistema de asignación tributaria mediante el 0,7 % del IRPF destinado a fines sociales y establecimiento de un tramo autonómico del 50% de la recaudación".

Las entidades integrantes de Cocarmi han planteado también a los diputados de la Comisión de Estudio de la Situación de las Personas con Discapacidades las demandas específicas de cada colectivo del sector: personas con discapacidad física, intelectual, auditiva, visual y enfermedad mental.

El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad está integrado por APPS (Federación Catalana Pro Personas con Discapacidad Intelectual), Cocemfe Catalunya (Confederación Catalana de Personas con Discapacidad Física), Fesoca (Federación de Personas Sordas de Cataluña), Acapps (Federación de Asociaciones Catalanas de Padres y Personas Sordas), Fecafamm (Federación Catalana de Asociaciones de Familiares de Enfermos Mentales) y ONCE.